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La grave emergencia humanitaria en ese departamento, en el norte del país, Córdoba,
donde hasta el momento el desbordamiento del río Sinú ha afectado a miles de
familias, viviendas, cultivos, infraestructuras y ecosistemas, parece agudizarse.
Hace 25 años, Kimi Pernía Domicó alertó sobre los riesgos ambientales y
sociales de intervenir el río Sinú. Su principal objeción era luchar por la
necesidad de realizar una consulta previa con la comunidad indígena, referente
a los impactos ambientales y culturales de la represa.
Así las cosas, en 1998, Kimy interpuso una acción de tutela —que
posteriormente ganó— para proteger los derechos ambientales y culturales de su
pueblo, así como su derecho a consultar por los impactos de la hidroeléctrica.
Sin embargo, en ese mismo periodo empezaron a presentarse diferentes asesinatos
contra miembros de la comunidad y se intensificaron las amenazas contra Kimy.
Tal valentía y su lucha constante para oponerse a la construcción de la
represa, motivó que las estructuras paramilitares lo secuestraran el 2 de junio
de 2001, y 20 años después de su desaparición, Salvatore Mancuso admitió que
fue asesinado por su firme defensa de las convicciones ambientales y culturales
de su pueblo.
25 años después: lo que hoy pasó en Córdoba
El desbordamiento del río Sinú ha afectado especialmente a comunidades
rurales, campesinas e indígenas que históricamente han habitado la cuenca y
dependen de sus aguas para la vida, la producción y la sostenibilidad cultural.
El Centro Nacional de Memoria Histórica reafirma su compromiso con la
preservación de la memoria de las víctimas del conflicto armado y con el
reconocimiento de las luchas sociales que han buscado la defensa del
territorio, la dignidad y la vida.
#UnidosAnteLaEmergencia
Fuente: Diego Fernando Rodríguez C. - Comunicador Social y Periodista
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